Por favor Idea principal.Las políticas públicas son compromisos entre el Estado y la…
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Por favor Idea principal.Las políticas públicas son compromisos entre el Estado y la sociedad conducentes no sólo a solucionar problemas, sino también a realizar una concertada planeación para prevenir dichas dificultades (Gutiérrez et al., 2016), formando parte de un conjunto de soluciones específicas, concretas y determinadas, destinadas al manejo de ciertos asuntos públicos que se catalogan como “situaciones socialmente problemáticas”. Involucra enfocarnos en la labor que realiza el Estado para concretar una transformación social, tal es su relevancia, que esas acciones se ejecutan para atender y/o dar solución a las demandas de la ciudadanía (Wilson, 2019). Una buena política pública concierne a acciones y flujos de información encauzados al logro de un objetivo político que se define democráticamente; desarrollados por el sector público y con la participación de la sociedad civil y el sector privado; contendrá orientaciones, mecanismos, reformas institucionales, y la previsión de sus resultados (Lahera, 2004). Es importante tener presente que debe ser completa y articulada con otras políticas públicas a fin de que se garantice una atención general de los problemas y sus consecuencias (Wilson, 2019). En los últimos tres decenios, los países de América Latina han arribado a acuerdos sobre normativas regionales y mundiales para afrontar la violencia contra las mujeres, que asentaron las bases de la implementación de políticas públicas y planes de acción, ya que en el año 2016, 31 de los 33 países de la región que representa el 94% contaban con políticas, de los cuales 15 abordaban específicamente la violencia contra la mujer, y el 2018, un 40% han instaurado leyes que tipifican los tipos de violencia. Considerando los aspectos tratados, se realizó la selección y sistematización de información respecto a la respuesta de los Estados, identificando políticas nacionales de 15 países de Latinoamérica orientadas a la erradicación y abordaje de la violencia contra la mujer, conforme se muestra en la Tabla 1.En el Perú, la Ley N° 30364 (2015), tiene como objetivo evitar, suprimir y condenar cualquier modo de violencia contra la mujer que se origine en el escenario público y privado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, implementa políticas globales de previsión, vigilancia y amparo de las víctimas, así como compensación por daños; además, establece un tipo penal para los agresores. En 2016 se aprueba el D.S. Nº 009-2016-MIMP, que reglamenta la Ley N° 30364, mediante D. Leg. N° 1386 se busca mejorar la regulación de medidas de protección; el año 2019 se aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género, en el 2020 se establecen mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y se aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, el “Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA”; el 2021 se aprueba lineamientos para prevenir la violencia contra las mujeres, el Protocolo para la atención del Centro Emergencia Mujer y la Guía Técnica para cuidad la salud mental de mujeres en situación de violencia (INEI, 2021). En Colombia, con la Ley N° 248 (1996) se aprueba la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, mediante Ley N° 1257 se dictan disposiciones para concienciar, evitar y sancionar la violencia y discriminación hacia las mujeres; reestructura el Código Penal, de Procedimiento Penal, otras acciones coordinadas y la creación de mecanismos de seguimiento a la implementación de la normativa con participación de organizaciones de mujeres (Soto, 2021). En México, mediante la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia (2007) se establecen nexos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para evitar, erradicar y castigar todo tipo de agresión contra la mujer, estableciendo principios y formas para asegurar una vida libre de violencia de igualdad y no discriminación. En Chile, con la Ley 20.066 (2005), se reemplaza la Ley 19.325 de violencia intrafamiliar, modifica el Código Penal; la Ley 18.216 plantea el cumplimiento de penas y la Ley 19.968, crea los tribunales de familia, para sancionar y eliminar los tipos de agresiones, ofreciendo un mayor nivel de protección a las víctimas, con una concepción más acertada de violencia intrafamiliar, instauración de garantías para los afectados y condenas severas para los involucrados. En Argentina surge la Ley N° 26.485 (2009) “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, que establece acciones por parte de los poderes del Estado, la Corte Suprema, los jueces y las fuerzas policiales. Así, en Costa Rica, la Ley N° 10235 (2022), “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política”, considera que la violencia se manifiesta como práctica que discrimina por razones de género, que atenta contra los derechos de las mujeres. En Ecuador, la Ley 103 (1995) “Ley contra la violencia a la mujer y la familia”, para proteger la plenitud corporal, psíquica, sexual de la mujer y su grupo familiar, sancionando la agresión intrafamiliar y demás atentados contra sus derechos y su familia. El Gobierno Nacional afianza modelos para una atención de calidad hacia las víctimas, institucionalizando instrumentos de coordinación, a través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social implementó la política pública de equidad de género, materializado en el Plan Nacional del Buen Vivir, (Goyas et al., 2018). En El Salvador, el Decreto 520 (2011), “Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres”, para instituir, declarar y asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,impulsando Políticas Públicas encaminadas a descubrir, evitar, atender, defender, desagraviar y condenar la violencia contra las mujeres. En la República de Guatemala, el Decreto 22-2008 “Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer” busca garantizar la vida, independencia, plenitud, decencia, defensa e igualdad de las mujeres ante la ley; asimismo, procurar y ejecutar mandatos dirigidos a la desaparición de agresión corporal, psíquica, sexual o patrimonial, u otra forma de coacción. En el caso de Honduras, el Decreto 132 (1997) “Ley contra la violencia doméstica”, tuvo el objeto de defender la plenitud física, psíquica, material y sexual de las mujeres de cualquier forma de agresión que provenga de su cónyuge o ex ex cónyuge, incluidos casos en los cuales se sostuvo relación sentimental. En Nicaragua, la Ley 779 (2012) “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres”, busca proceder contra la violencia hacia las mujeres, para proteger sus derechos humanos y asegurar una vida libre de agresión, propiciando su crecimiento y bienestar, estableciendo medidas para proteger de manera integral a las mujeres y brindar asistencia, incentivando cambios en los estándares socioculturales y ancestrales que sustentan los vínculos de poder. En la República oriental de Uruguay, mediante Ley 19.580, se establecen disposiciones contra la agresión hacia las mujeres basadas en cuestiones de género, orientado a asegurar real goce del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia sin distinción alguna. En República Dominicana, la “Ley que facilita el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia” (2011), modifica el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público; agregando el numeral 9 al artículo 41 del Código Procesal Penal, decretando que en casos de agresiones, es obligatorio asistir a psicoterapias especializadas y/o programas psicoeducativos, para modificar comportamientos sin cometer violencia, pudiendo el juez imponer orden de protección de la víctima, familiares o relacionados. En tanto que, en Panamá, la Ley N° 82 (2013), “Que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer”, dbusca asegurar que las mujeres vivan sin violencia, defender sus derechos ante vínculos inequitativos de poder, así como evitar y castigar cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como la modificación del Código Penal tipificando el femicidio.
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La idea principal es que en América Latina se han implementado políticas públicas y leyes orientadas a abordar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estas políticas se centran en prevenir, sancionar y eliminar todo tipo de agresión y discriminación hacia las mujeres, asegurando su plenitud física, psíquica, material y sexual. Además, se promueven cambios en los estándares socioculturales y ancestrales que sustentan los vínculos de poder y se establecen mecanismos de protección, asistencia y compensación para las víctimas.