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HAZ 5 PREGUNTAS SOBRE EL SIGUIENTE TEXTO PDF hecho con ❤ en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? Mira el tutorial aquí! la Constitución, imponiéndoseles los apremios establecidos por la Ley de Acciones de Garantía. 2. Merituados los argumentos de las partes, así como las instrumentales obrantes en el expediente, este Colegiado considera que la presente demanda resulta plenamente legítima en términos constitucionales, por las siguientes razones: a) A consecuencia de la Resolución emitida con fecha 24 de Febrero de 1995, en el proceso sobre beneficios sociales seguido por don Luis Carlos Vicente Patroni Rodríguez contra la Empresa de Servicios de Protección de Ejecutivos S.R.L. (EPROS S.R.L.), el Primer Juzgado de Trabajo de Lima decretó, mediante acta de embargo, instituir a la empresa Centromín Perú S.A. como órgano de auxilio judicial, a fin de que se constituyera en ente retenedor de los fondos que fueran de propiedad de la referida demandada. b) Tras haber culminado dicho proceso, mediante sentencia favorable a la parte demandante, el Juzgado laboral ha venido requiriendo a la empresa Centromín, para que deposite el importe de $ 35,995.33 que por mandato del Juzgado se le ordenó retener. c) La demandada, lejos de acatar el mandato judicial en los términos antes señalados, ha venido incumpliendo con ello como lo demuestran las resoluciones de requerimiento de fechas 10 de diciembre de 1996 (foja 03), 16 de enero de 1997 (foja 04), 17 de septiembre de 1997 (foja 05), 15 de septiembre de 1999 (fojas 09 y 09 vuelta), 7 de agosto del 2000 (foja 02) y 2 de abril de 2001 (fojas 13 y 14), en la que incluso y como resultado de su ilegal actitud se le ha impuesto una multa de cinco (05) Unidades de Referencia Procesal, sin que varíe su comportamiento. d) Aunque la demandada ha pretendido sustentar su actitud en un presunto derecho sobre los fondos depositados a consecuencia de haber interpuesto un proceso no contencioso sobre derecho real de retención contra EPROS S.R.L. (de fojas 57 a 68), dicho argumento ha quedado totalmente desvirtuado con lo resuelto por el Primer Juzgado Transitorio Laboral de Lima en la citada resolución del 2 de abril de 2001, en la que se ha considerado que no existe ninguna afectación sobre los fondos de garantía administrados por Centromín Perú, y menos aún adjudicación alguna a su favor;
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- ¿Qué implica respecto a la Ley de Acciones de Garantía el hecho de que una empresa no cumpla con las órdenes de un juzgado laboral?
- ¿Por qué el Colegiado considera legítima la demanda presentada?
- ¿Qué implicó la Resolución emitida en Febrero de 1995 en el proceso sobre beneficios sociales seguido por Luis Carlos Vicente Patroni Rodríguez contra la Empresa de Servicios de Protección de Ejecutivos S.R.L.?
- ¿Cómo ha sido el comportamiento de la empresa demandada frente a los requerimientos del juzgado laboral?
- ¿Qué argumento ha utilizado la demandada para justificar su incumplimiento y por qué ha sido desvirtuado según el Primer Juzgado Transitorio Laboral de Lima?
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HAZ 5 PREGUNTAS MAS SOBRE EL MISMO TEXTO
- Assistant
- ¿De qué forma la empresa Centromín Perú S.A. está involucrada en el caso de incumplimiento de la demandada?
- ¿Por qué se le impuso una multa a la empresa demandada?
- ¿Qué tipo de proceso no contencioso ha interpuesto la demandada y cómo ha afectado esto su argumento respecto a los fondos depositados?
- ¿Qué órdenes específicas ha ignorado la demandada y cuántas fechas de requerimiento se han emitido?
- ¿Qué es un acta de embargo y por qué se utilizó en este caso?
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HAZ 10 PREGUNTAS SOBRE EL SIGUIENTE TEXTO Según ha quedado establecido, el objeto del presente amparo es que se declare la nulidad de la Resolución 32, de fecha 19 de julio de 2013 (f. 12), expedida por el Vigésimo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en ejecución de sentencia incorporó a la demandante al proceso subyacente en calidad de tercero responsable de los adeudos laborales por su condición de gerente general de la Empresa Plásticos Giselle SRL; y de la resolución de vista de fecha 1 de julio de 2014 (f. 6), expedida por la Segunda Sala Laboral del mismo distrito judicial, que confirmó la Resolución 32, en tanto habrían vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, en su manifestación del derecho de defensa. 6. Según se desprende de autos, el proceso subyacente sobre pago de beneficios sociales fue promovido por doña Carmen Díaz Grados de Suyón en contra de la Empresa Plásticos Giselle SRL (Expediente 346-2009). En dicho proceso se expidió la sentencia de fecha 9 de mayo de 2011, que declaró fundada en parte la demanda y ordenó el pago de 24 846.93 soles. Esta sentencia fue confirmada por la Sala superior, pero la reformó en el extremo de la cuantía del crédito laboral, fijándola en 23 346.93 soles (cfr. Resolución 39, de fecha 1 de setiembre de 2014, fundamento 1, f. 2) Ya en ejecución de sentencia, el embargo en forma de depósito se frustró porque en el lugar en donde operaba la Empresa Plásticos Giselle SRL, conducida por la recurrente en calidad de gerente general, funciona ahora otro negocio que también es conducido por la recurrente, pero a título de persona natural (cfr. Resolución 32, fundamento 9, f. 12 vuelta). Del mismo modo, se ha frustrado el embargo en forma de retención sobre los certificadas de depósitos, cuentas de ahorros y cuentas corrientes en moneda nacional o extranjera a nombre de la Empresa Plásticos Giselle SRL, toda vez que, según lo informado por la recurrente en calidad de gerente general, su empresa no es cliente de ningún banco, ni tiene cuentas bancarias a su nombre (cfr. resolución de vista de fecha 1 de julio de 2014, fundamento 3, f. 6 vuelta). 8. En este contexto, ante la ineficacia de la sentencia estimatoria, la parte vencedora en el proceso subyacente, doña Carmen Díaz Grados de Suyón, solicitó que el embargo en forma de retención recayera sobre las cuentas bancarias de doña Rosa Amelia Díaz Grados viuda de Cruz, a título personal, pedido que fue estimado y confirmado a través de las resoluciones judiciales ahora cuestionadas. 9. Las razones del Vigésimo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, expuestas en la Resolución 32, son las siguientes: «(...) TERCERO: Que, conforme es de verse de la Partida N° 11357714 del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP perteneciente a la empresa Plásticos Giselle SRL (...), se advierte que doña ROSA AMELIA DÍAZ GRADOS VDA. DE CRUZ no es solamente socia de la citada persona jurídica quien suscribe 99 de 100 participaciones, sino que además es la Gerente General, quien tiene directamente vinculación y responsabilidad con la emplazada PLÁSTICOS GISELLE SRL. CUARTO: Siendo ello así, la persona natural de ROSA AMELIA DÍAZ GRADOS VDA. DE CRUZ asume en forma solidaria juntamente con la persona jurídica demandada, la obligaciones frente a terceros como es la actora, que conforme ha desarrollado en la sentencia de vista, ha venido laborando para la demandada desde el año de 1996 cuando aún era una persona natural, para luego en el año 2001 se forme en la empresa PLÁSTICOS GISELLE SRL conducida por la Gerente General Rosa Amelia Díaz Grados Vda. de Cruz, tanto más si el domicilio comercial de la persona natural como de la persona jurídica han sido siempre el mismo fijado en el Jr. Andahuaylas 664 Lima, lugar en donde se han realizado las actividades comerciales y en donde laboró la actora, tal y conforme así se demuestran de los documentos y reportes de la SUNAT (...), lugar en donde incluso ahora la persona natural de Rosa Amelia Díaz Grados Vda. De Cruz, tiene su negocio como persona natural, tal y conforme así se desprende de la Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento y Boleta de Venta que obra a fojas 309/310 (...)» (sic).
- Assistant
- ¿Cuál es el objeto del presente amparo y qué resoluciones judiciales ha incluido?
- ¿Quiénes participan en el proceso subyacente y cuál fue la sentencia que se emitió?
- ¿Por qué fue frustrado el embargo en forma de depósito en la ejecución de sentencia?
- ¿Por qué se ha frustrado el embargo en forma de retención sobre las cuentas bancarias de la Empresa Plásticos Giselle SRL?
- ¿Cómo se ha procedido ante la ineficacia de la sentencia estimatoria y quién ha solicitado el embargo en forma de retención?
- ¿Cuáles son las razones expuestas por el Vigésimo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima en la Resolución 32?
- ¿Qué relación hay entre la recurrente y la Empresa Plásticos Giselle SRL, y cuál es su posición frente a los adeudos laborales?
- ¿Por qué se ha estimado y confirmado el embargo en forma de retención reversado en las cuentas bancarias de Rosa Amelia Díaz Grados viuda de Cruz?
- ¿En qué consiste la supuesta responsabilidad solidaria a la que se refiere la Resolución 32?
- ¿Alguna otra instancia judicial ha intervenido en el caso, y cómo han afectado las resoluciones judiciales a las partes implicadas?
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Puedes hacer 5 preguntas mas sobre el mismo texto?
- Assistant
¡Por supuesto! Aquí te dejo 5 preguntas más:
- ¿Cuál es el derecho fundamental al debido proceso que según la recurrente se vulneró en este caso?
- ¿Por qué se incorporó a la demandante al proceso subyacente en calidad de tercero responsable de los adeudos laborales?
- ¿Qué significa que alguien tenga directamente vinculación y responsabilidad con una empresa?
- ¿Cuál es la importancia de la Partida N° 11357714 del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP en este caso?
- ¿En qué medida ha influido que el domicilio comercial de la recurrente y de la persona jurídica demandada haya sido siempre el mismo en el fallo del Vigésimo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima?
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HAZ 5 PREGUNTAS SOBRE EL SIGUIENTE TEXTO PDF hecho con ❤ en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? Mira el tutorial aquí! la Constitución, imponiéndoseles los apremios establecidos por la Ley de Acciones de Garantía. 2. Merituados los argumentos de las partes, así como las instrumentales obrantes en el expediente, este Colegiado considera que la presente demanda resulta plenamente legítima en términos constitucionales, por las siguientes razones: a) A consecuencia de la Resolución emitida con fecha 24 de Febrero de 1995, en el proceso sobre beneficios sociales seguido por don Luis Carlos Vicente Patroni Rodríguez contra la Empresa de Servicios de Protección de Ejecutivos S.R.L. (EPROS S.R.L.), el Primer Juzgado de Trabajo de Lima decretó, mediante acta de embargo, instituir a la empresa Centromín Perú S.A. como órgano de auxilio judicial, a fin de que se constituyera en ente retenedor de los fondos que fueran de propiedad de la referida demandada. b) Tras haber culminado dicho proceso, mediante sentencia favorable a la parte demandante, el Juzgado laboral ha venido requiriendo a la empresa Centromín, para que deposite el importe de $ 35,995.33 que por mandato del Juzgado se le ordenó retener. c) La demandada, lejos de acatar el mandato judicial en los términos antes señalados, ha venido incumpliendo con ello como lo demuestran las resoluciones de requerimiento de fechas 10 de diciembre de 1996 (foja 03), 16 de enero de 1997 (foja 04), 17 de septiembre de 1997 (foja 05), 15 de septiembre de 1999 (fojas 09 y 09 vuelta), 7 de agosto del 2000 (foja 02) y 2 de abril de 2001 (fojas 13 y 14), en la que incluso y como resultado de su ilegal actitud se le ha impuesto una multa de cinco (05) Unidades de Referencia Procesal, sin que varíe su comportamiento. d) Aunque la demandada ha pretendido sustentar su actitud en un presunto derecho sobre los fondos depositados a consecuencia de haber interpuesto un proceso no contencioso sobre derecho real de retención contra EPROS S.R.L. (de fojas 57 a 68), dicho argumento ha quedado totalmente desvirtuado con lo resuelto por el Primer Juzgado Transitorio Laboral de Lima en la citada resolución del 2 de abril de 2001, en la que se ha considerado que no existe ninguna afectación sobre los fondos de garantía administrados por Centromín Perú, y menos aún adjudicación alguna a su favor; e) Ante la circunstancia evidentemente sui generis de que el demandante de la presente causa tampoco haya podido hacer efectiva ninguna medida de embargo contra Centromín, porque el Poder Judicial ha considerado que dicha medida sólo cabe contra la parte demandada y no contra un órgano de auxilio judicial (resolución de fojas 09, del 15 de septiembre de 1999), su situación se torna claramente incierta y adquiere un sesgo controversial. Por un lado, la judicatura le da la razón y apercibe a quien es depositario del monto que le corresponde, mas no tiene forma de hacer cumplir lo que ordena, como lo demuestran los sucesivos requerimientos judiciales y el tiempo transcurrido
- Assistant
- ¿Qué ha incumplido la demandada, y cuáles son las consecuencias de su actitud?
- ¿Qué papel juega la empresa Centromín Perú S.A. en este caso?
- ¿Por qué ha sido impuesta una multa a la demandada y cuál es su monto?
- ¿Cuál es el argumento de la demandada para justificar su actitud, y por qué ha sido desvirtuado?
- ¿Por qué la situación del demandante se vuelve controvertida ante la imposibilidad de hacer efectiva ninguna medida de embargo contra Centromín?